El nuevo modelo de Política Agraria Común (PAC) para 2028-2034 planteado por la Comisión Europea ha encendido las alarmas en el sector agrícola andaluz. Las estimaciones iniciales apuntan a una reducción del 22% en los fondos destinados a la agricultura, lo que supondría una pérdida aproximada de 2.000 millones de euros para Andalucía en el próximo marco comunitario.
La preocupación es especialmente notable en las zonas rurales, donde la PAC continúa siendo un pilar económico fundamental. En comarcas como la Axarquía, donde predomina la agricultura familiar —olivar tradicional, ganadería y cultivos subtropicales—, una caída de las ayudas europeas podría comprometer la rentabilidad de muchas explotaciones y acelerar la pérdida de población en municipios pequeños.
Tanto el Gobierno andaluz como el Ejecutivo central han manifestado su rechazo al modelo actual propuesto desde Bruselas y han pedido un marco financiero que garantice estabilidad para el sector primario y proteja a las regiones más dependientes del campo.
Las claves del conflicto
El debate de fondo sobre el futuro de la PAC no se limita a un recorte presupuestario. El modelo planteado introduce cambios estructurales que han generado preocupación en el sector. El primero de ellos es la reducción de fondos, que implicaría menos apoyo económico directo para agricultores y ganaderos, dificultando la viabilidad de explotaciones ya tensionadas por la sequía, los costes energéticos y la inflación en insumos agrícolas.
Otro punto que inquieta es la intención de integrar las ayudas agrarias en un fondo único multisectorial. Bajo este esquema, la agricultura pasaría a competir por recursos con otras políticas comunitarias, lo que podría diluir el peso del sector y reducir la capacidad de planificación a largo plazo.
Además, el modelo otorgaría mayor autonomía a los Estados miembros para diseñar sus programas agrarios, lo que, según las organizaciones del sector, podría derivar en una “renacionalización” de la PAC y generar desigualdades territoriales dentro de la Unión Europea.
A estos elementos se suma la inquietud por la falta de medidas específicas para el relevo generacional. En Andalucía, solo un 8% de los beneficiarios de la PAC tiene menos de 40 años, y el acceso a la tierra, la financiación y la burocracia siguen siendo barreras de entrada para jóvenes agricultores y ganaderos.
Respuesta de las organizaciones agrarias
Las organizaciones agrarias andaluzas —COAG, UPA y ASAJA— han cerrado filas en rechazo al modelo planteado. Advierten que este cambio puede “desmantelar” la política agraria europea tal y como ha funcionado en las últimas décadas, comprometiendo tanto la producción alimentaria como el equilibrio territorial en zonas rurales.
Desde UPA subrayan que el recorte afectaría especialmente a pequeñas explotaciones familiares, motor económico en comarcas rurales. COAG alerta de que la renacionalización implicaría una pérdida de cohesión y dejaría a territorios como Andalucía en posición de desventaja. ASAJA, por su parte, ha anunciado movilizaciones y no descarta protestas en Bruselas si la propuesta no se modifica.
El sector recuerda que la agricultura representa más del 10% del PIB andaluz, que sostiene miles de empleos directos e indirectos y que su papel es clave tanto en la seguridad alimentaria como en la transición ecológica. Por ello, reclaman un acuerdo que garantice un presupuesto suficiente y mecanismos estables de apoyo a quienes mantienen vivo el medio rural.