El uso de los patinetes eléctricos en España cambiará de forma significativa a partir del 2 de enero de 2026. Desde esa fecha, los vehículos de movilidad personal (VMP) deberán cumplir una nueva normativa estatal que establece la obligatoriedad de estar registrados, identificados y asegurados, con sanciones que pueden alcanzar los 1.000 euros en caso de incumplimiento.
La medida, impulsada por la Dirección General de Tráfico (DGT) y recogida en la Ley de Seguros de Automóviles, pretende poner fin al vacío legal existente hasta ahora y dar respuesta al notable aumento del uso de patinetes eléctricos en calles y espacios urbanos, así como al incremento de accidentes y conflictos de convivencia vial.
Según la nueva regulación, todos los patinetes eléctricos deberán estar inscritos en el Registro de Vehículos de la DGT, portar una etiqueta identificativa o matrícula visible y contar con un seguro de responsabilidad civil que cubra posibles daños personales o materiales a terceros. Circular sin alguno de estos requisitos podrá acarrear multas de entre 200 y 1.000 euros, además de la posible inmovilización del vehículo.
El seguro obligatorio se convierte en uno de los pilares de la reforma. Su coste anual se estima entre 20 y 100 euros, en función de las coberturas contratadas. En caso de accidente sin seguro, el propietario del patinete deberá asumir personalmente las indemnizaciones derivadas, lo que puede suponer un elevado perjuicio económico.
La normativa afectará a la mayoría de patinetes eléctricos que circulan actualmente, es decir, vehículos de una sola plaza, con motor y velocidad máxima de entre 6 y 25 kilómetros por hora. Quedan excluidas de esta obligación las bicicletas de pedaleo asistido que no superen los 25 km/h, que seguirán sin requerir seguro obligatorio.
Además, la reforma se completará en 2027, cuando solo podrán circular patinetes que cuenten con certificado de homologación, conforme al manual técnico aprobado por la DGT. Este requisito obligará tanto a fabricantes como a usuarios a asegurarse de que los vehículos cumplen los estándares de seguridad establecidos.
Desde Tráfico se señala que el objetivo de estas medidas es mejorar la seguridad vial, proteger a peatones y conductores y ordenar el uso del espacio público, especialmente en municipios y ciudades donde la convivencia entre peatones, bicicletas y patinetes se ha vuelto cada vez más compleja.
Con este nuevo marco legal, España se adapta a la normativa europea y da un paso decisivo hacia una regulación más clara de la micromovilidad, consolidando el uso del patinete eléctrico como una alternativa de transporte válida, pero sujeta a responsabilidades similares a las del resto de vehículos.